A las víctimas les habían sustraído una suma millonaria de dinero y pidieron un crédito sin autorización.
La Justicia provincial ratificó una sentencia de primera instancia en el marco de una medida cautelar genérica promovida por una pareja de Paraná, que denunció haber sido víctima de una estafa electrónica en la cuenta bancaria en la que revistan en calidad de titulares. El 20 de mayo la Cámara Segunda Civil y Comercial, Sala Tercera de Paraná, dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por el banco Santander Río, en una decisión que establece un precedente en relación al derecho de los consumidores.
Los delitos informáticos, que vulneran la seguridad de cuentas bancarias, son maniobras cada vez más frecuentes. Por eso la importancia del fallo radica en que la Justicia ordenó al banco, mientras se llega a la etapa de juicio, “que suspenda o se abstenga de efectuar débitos de sumas de dinero sobre la cuenta bancaria violada y en cualquier otra cuenta de los actores con causa en un préstamo de dinero”.
También se dispuso la medida cautelar de prohibición de innovar, por la cual la entidad financiera debe “abstenerse de modificar y alterar la actual condición que ostentan los actores con respecto al préstamo de dinero, en especial informarlos como deudores ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La pareja damnificada -de la que se preservará su identidad- se encontró con que de un día para otro desconocidos habían extraído primero de su cuenta bancaria la suma de 882.000 pesos, y luego solicitaron bajo la misma modalidad, un préstamo de 250.000 pesos. Es decir, que en una misma jornada -el 27 de septiembre de 2020- se alzaron ilícitamente con 1.132.000 pesos, causando un grave perjuicio económico a las víctimas. Según consta en la medida cautelar, la sustracción del efectivo se realizó a través del home banking, “luego de alterar fraudulentamente el usuario y la clave de acceso vinculados a dicha cuenta”, accediendo al dinero que se encontraba depositado.
También expusieron que el monto sustraído se destinó a través de transferencias hacia otras dos cuentas cuyos titulares se desconocen, y que una maniobra similar se utilizó para transferir el crédito solicitado sin la debida autorización.
Para el abogado Raúl Muñoz, representante de las víctimas, “la discusión judicial está en torno a los 250.000 pesos, no se ciñe al resto del dinero extraído. Se analiza la responsabilidad del banco en dejar un crédito preaprobado sin medidas de seguridad y que cualquiera que ingrese a una cuenta lo puede sustraer”.
