El 22 de febrero en Rosario comenzará a aclararse el panorama respecto de un tema que para Entre Ríos es de primer orden: los planes que el gobierno nacional tiene para la Hidrovía Paraguay-Paraná, después de marchas y contramarchas que originaron una disputa en el seno del oficialismo.
Para ese día a las 10 de la mañana, el ministro de Transporte, Mario Meoni, convocó al primer encuentro plenario del Consejo Federal de la Hidrovía. El funcionario le puso día y hora a esta reunión luego de que el senador nacional kirchnerista Jorge Taiana (FdT-Buenos Aires) presentara un pedido de informes sobre el tema e impulsara la interpelación del funcionario massista en el recinto.
La Hidrovía Paraguay-Paraná es una vía navegable natural conformada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, que constituye un cauce de salida de aproximadamente el 80 por ciento de la exportación nacional. Su desarrollo es considerado fundamental para mejorar la competitividad internacional de los productos argentinos. Desde hace 25 años, cuando pasó a manos privadas en los años ’90, la administración está a cargo de la empresa Hidrovía SA, propiedad de la firma belga Jan de Nul, cuyo contrato vence el 20 de abril de 2021.
En agosto del año pasado, el presidente Alberto Fernández firmó con los gobernadores de Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe el denominado Acuerdo Federal de la Hidrovía.
Fue en un acto realizado en el Puerto General San Martín donde se suscribió el documento en el que se plasmó la decisión presidencial de crear una sociedad del Estado para la administración federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, con participación del 51% para el Estado nacional y el 49% para las provincias intervinientes. En este esquema, a Entre Ríos le iba a corresponder un 7%.
Los pasos siguientes podrían haber sido dos: un decreto de necesidad y urgencia presidencial creando la sociedad del Estado o el envío de un proyecto de ley al Congreso en el mismo sentido. Nada de eso ocurrió y la iniciativa pareció desactivarse sin que mediaran explicaciones públicas.
En cambio, en noviembre el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el cual se faculta al Ministerio de Transporte de la Nación a elaborar los pliegos, llamar a licitación y adjudicar el contrato, todas acciones que iban a ser realizadas por la empresa estatal que nunca vio la luz. La decisión generó esta semana la reacción de Taiana y la respuesta de Meoni llegó en forma de convocatoria al Consejo Federal, junto con el anuncio de que en 30 días se concretará el llamado a licitación, ahora en cabeza de la cartera de Transporte. A la polémica surgida se sumaron voces de sindicatos, productores, cámaras y otros actores, en una disputa que tiene como trasfondo pujas políticas entre los sectores que componen el Frente de Todos y un contrato que implica una facturación de alrededor de 200 millones de dólares al año.
Si bien el gobierno provincial veía con buenos ojos el nuevo esquema de administración y una oportunidad para consolidar el desarrollo de los puertos entrerrianos, no entrará en la polémica. Así lo explicó a El Diario el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, designado por Bordet al frente de este tema. El funcionario será quien represente a Entre Ríos en la reunión en Rosario. El Consejo Federal de la Hidrovía es una herramienta que sí quedó en pie del proyecto inicial plasmado en el acuerdo suscripto en agosto de 2020. Se trata de un órgano con carácter consultivo, integrado por las provincias, el Ministerio de Transporte de la Nación, entidades empresarias, gremiales, representativas de usuarios y organismos académicos.
