Entre Ríos estuvo presente en el XIII Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que se realizó en forma virtual.
Este Consejo Federal involucra a todos los poderes del Estado entre ellos, integrantes del Congreso de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia, de la Protex, de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Trabajo, Mujeres, Géneros y Diversidad y Seguridad, de organismos internacionales; junto a la sociedad civil.
El acto de apertura estuvo encabezado por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo junto al Coordinador del Consejo Secretario de Justicia, Juan Martín Mena.
La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra y la jefa de la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, Zulma Argarañaz participaron en representación de Entre Ríos como Consejeras.
Durante la jornada se realizó la presentación e integración de los Consejeros Provinciales, para dar paso al tratamiento de los diversos puntos del orden del día, establecido entre ellos presentación de informe anual sobre el impacto de la pandemia Covid – 19 en la trata de personas, elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el delito de la Trata de Personas.
Debatieron, además, sobre la aprobación del informe balance sobre el cumplimiento de los ejes pendientes del Plan Bienal 2018-2020, presentación del Plan Bienal 2020-2022 elaborado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y la Protección de sus Víctimas. Se brindaron otros informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Protex sobre acuerdos bilaterales y el mecanismo de cooperación IberRed para las procuradurías regionales, respectivamente.
La coordinadora del Consejo contra el Tráfico y la Trata de personas, Silvina Calveyra, explicó que se programó el trabajo en comisiones, “entre ellas la de Prevención, la de Persecución y Sanción al Delito, la Asistencia a Víctimas, la de Decomisación de Bienes y Fondo Fiduciario, donde se continuará profundizando el debate, y el desarrollo de medidas conjuntas a adoptar en el marco del Plan Bienal en materia de prevención, asistencia y sanción al delito”.
La referente Provincial resaltó: “La trata de personas, como el tráfico de migrantes, afecta a las poblaciones más vulnerables, lo que se agravo en épocas de pandemia. El uso de las redes sociales se ha convertido ante el confinamiento en el elemento de captación para lograr su propósito de explotación y beneficio, y en un elemento de alto riesgo para las presuntas víctimas. El 50 por ciento de víctimas son captadas por redes sociales lo que determina las nuevas modalidades de un delito complejo vinculado a otros delitos conexos».
Según datos arrojados por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, desde la implementación de la Ley N°26.364 (2008) – Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria la N°26.842 (2012), un total de 15.420 personas fueron rescatadas en Argentina de situaciones de trata y diferentes formas de explotación.
Desde la implementación de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), iniciada el 19 de marzo del 2020, según los datos relevados a nivel Nacional, fueron 1400 intervenciones a través de la Línea 145, 730 víctimas rescatadas intrafronteriza y 10 personas argentinas repatriadas explotadas en otros países.
En referencia a ello, Calveyra subrayó: “Estos datos nos instan a continuar fortaleciendo el trabajo territorial que venimos desarrollando desde el gobierno provincial. Tenemos que continuar desarrollando acciones y estrategias concretas contra este y otros delitos conexos de la Trata de personas” al tiempo que destacó la importancia de trabajar en prevención y acompañamiento a víctimas “para lograr una mayor efectividad en la tarea de combate y sanción de un delito oculto y clandestino, ante redes u organizaciones delictivas que mutan y día a día se van reinventado atacando derechos humanos fundamentales y la dignidad de los seres humanos”.
