La Cámara de Senadores dio sanción definitiva ayer a la Ley de Emergencia que promovió el Poder Ejecutivo entrerriano.
Desde el oficialismo negaron que la norma implique un ajuste y la calificaron como “una medida progresiva en materia económica” y como “una acción progresista políticamente” · Desde la oposición realizaron fuertes críticas a la medida. La iniciativa, que se dio a conocer la semana pasada y este miércoles recibió luz verde de la Cámara de Diputados, finalmente fue sancionada sobre tablas en la Cámara de Senadores.
El miembro informante fue Amilcar Genre Bert (Frente Creer Justicialista-La Paz), quien explicó que en este contexto de pandemia y crisis mundial “quedó expuesta la importancia del rol que el Estado tiene en una sociedad”. “Entre Ríos tiene un Estado presente que ha posibilitado, a través de sus herramientas, que ningún trabajador estatal haya perdido su trabajo, que los salarios se abonen en tiempo y forma, que los servicios continúen funcionando y que se sigan haciendo obras”, precisó y puntualizó que esto se ha dado en el marco de una disminución del 50% en materia de recaudación.
“La proyecciones económicas no son alentadoras y había que tomar definiciones”, detalló al justificar el polémico proyecto. En este marco, destacó que el mismo “pretende regular una acción solidaria” y aclaró que “es una medida coyuntural y necesaria para poder seguir cuidando a los que menos tienen”.
Durante el turno del senador Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio-Federación). Recordó que hace más de dos meses su fuerza política planteó la necesidad de discutir cómo abordar el déficit fiscal y la situación de la Caja de Jubilaciones, sostuvo que la crítica situación financiera de la provincia es preexistente a la pandemia. “Los indicadores reflejan que desde hace 10 años Entre Ríos tiene déficit financiero, mientras que hace tres que también tiene déficit económico”, fundamentó.
Después de hacer un repaso de “toda la ayuda” que el Gobierno de Mauricio Macri le otorgó a la provincia, como por ejemplo adelantos de coparticipación y recursos para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones, aseveró que la ley que está en discusión “es un parche”. “Se van a recaudar 2.130 millones de pesos, de los 1.445 serán aportados por jubilados y trabajadores: esto es, 7 de cada 10 pesos serán aportados por ellos”, concluyó.
