El debate sobre un eventual emprendimiento en la Isla del Puerto abrió una discusión sobre ambiente, normativa y desarrollo. Los antecedentes oficiales muestran que existen distintos sectores y tratamientos jurídicos, por lo que la definición de un proyecto requeriría estudios ambientales y precisiones sobre el área donde eventualmente se emplazaría.
La posibilidad de estudiar la construcción de un hotel de categoría en la Isla del Puerto generó un debate que atraviesa cuestiones ambientales, jurídicas, turísticas y económicas.
Mientras algunas voces advierten sobre los posibles impactos que una obra de estas características podría generar sobre el ecosistema, desde el sector que impulsa el análisis de la iniciativa sostienen que todavía no existe un proyecto ejecutivo que permita determinar sus características, ubicación y eventuales efectos.
El concejal y economista Pablo Presas planteó que la discusión debe partir de una revisión integral de la normativa y de los antecedentes oficiales vinculados con la Isla.
Una isla con distintos sectores
Uno de los principales puntos señalados por Presas es que la Isla del Puerto no constituye, desde el punto de vista de su planificación, un espacio ambientalmente homogéneo.
El Plan de Manejo contempla diferentes unidades y zonas funcionales, entre ellas una Zona de Uso Intensivo, vinculada con la Costanera, sus taludes y la franja costera, caracterizada por un mayor nivel de intervención humana.
Además, los antecedentes administrativos establecen una diferenciación entre los inmuebles sobre los que se desarrolló el Camino Costero Isleño y los sectores remanentes destinados a la Reserva de Usos Múltiples.
Un documento oficial municipal que recupera el convenio celebrado entre la Provincia y la Municipalidad en 2017 reconoce expresamente ese “doble tratamiento”: para el sector relacionado con el Camino Costero se plantea promover inversión y actividad privada, procurando su explotación turística y aprovechamiento social; mientras que para los inmuebles remanentes se establece una atención especial a su condición de Reserva de Usos Múltiples, al Plan de Manejo y a las restricciones ambientales.
Esta diferenciación resulta central para cualquier discusión sobre la posibilidad de incorporar nueva infraestructura.
El punto jurídico
Otro de los aspectos que forman parte de la controversia es la aplicación de la Ley provincial 10.479, que establece el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos.
El debate se concentra, entre otros aspectos, en el artículo 38 y en las restricciones que alcanzan a la infraestructura hotelera dentro de áreas naturales protegidas.
Sin embargo, antes de determinar si un eventual emprendimiento resulta jurídicamente viable, aparece una cuestión previa: establecer con precisión qué sector de la Isla corresponde al área protegida y cuál es el tratamiento jurídico de las parcelas vinculadas al Camino Costero.
Los antecedentes oficiales consultados confirman que la documentación provincial y municipal distingue ambos sectores. Por eso, la eventual viabilidad de un hotel no puede analizarse únicamente a partir de una consideración general sobre “la Isla”, sino que requiere determinar la ubicación concreta del emprendimiento y las normas específicas aplicables a ese lugar.
En caso de avanzar una iniciativa, serían necesarios los estudios y autorizaciones correspondientes y la intervención de los organismos competentes.
Ambiente: qué puede determinar la ciencia
El otro eje de la discusión está relacionado con los humedales.
La presencia de ambientes asociados a humedales constituye uno de los principales argumentos para reclamar especial cuidado sobre la Isla. Sin embargo, la existencia de un paisaje de humedales no significa necesariamente que todas sus superficies presenten actualmente las mismas características ecológicas.
La propia historia de la Isla incluye transformaciones vinculadas con obras, movimientos de suelo e infraestructura.
Por eso, la evaluación ambiental de un eventual emprendimiento debería concentrarse en el sitio concreto de intervención, analizando aspectos como hidrología, suelos, biodiversidad, escurrimiento, vegetación y posibles efectos acumulativos.
La Ley 10.479 contempla distintas categorías y grados de manejo dentro del sistema provincial de áreas protegidas, mientras que las reservas de usos múltiples admiten determinados aprovechamientos bajo condiciones de sustentabilidad.
En ese marco, la discusión ambiental debería apoyarse en estudios técnicos específicos y no solamente en afirmaciones generales a favor o en contra.
Los impactos deberán determinarse antes de decidir
Entre las críticas al eventual emprendimiento aparecen posibles efectos vinculados con el tránsito, el ruido, la iluminación, la impermeabilización del suelo, los efluentes y las modificaciones en el escurrimiento del agua.
Son aspectos que deberán ser evaluados si la iniciativa avanza.
Pero, al no existir todavía un proyecto ejecutivo definido, tampoco es posible determinar de antemano cuáles serían sus impactos concretos.
Precisamente, el objetivo de los estudios de impacto ambiental es establecer qué intervenciones pueden realizarse, bajo qué condiciones y cuáles deberían descartarse.
La discusión, por lo tanto, debería contemplar tanto la posibilidad de que un proyecto genere impactos negativos como la necesidad de establecer previamente las condiciones que permitan evitarlos, reducirlos o compensarlos.
Inversión privada y espacio público
Otro de los puntos que genera debate es la participación privada en un espacio de carácter público.
Desde la posición de Presas se sostiene que la inversión privada no implica necesariamente una apropiación del espacio público. La propia normativa contempla mecanismos de concesión para infraestructura y servicios vinculados con el turismo y la atención de visitantes.
El antecedente del convenio de 2017 también resulta relevante, ya que para el sector correspondiente al Camino Costero se estableció expresamente la posibilidad de promover inversión y actividad privada orientada a la explotación turística y al aprovechamiento social.
De este modo, el debate pasa por establecer qué actividad se pretende desarrollar, en qué lugar, bajo qué régimen, con qué controles y cuáles serían sus beneficios y costos para la comunidad.
El casino y las versiones sobre negocios particulares
La discusión también incorporó referencias al casino y a supuestos intereses particulares.
En ese sentido, Presas sostuvo que el casino ya funciona actualmente en Concepción del Uruguay y que una eventual propuesta turística podría o no incluir esa actividad.
También negó la existencia de un negocio privado propio detrás de la iniciativa y afirmó que cualquier proyecto debería atravesar los procedimientos institucionales, ambientales y administrativos que correspondan.
Preservar también requiere recursos
Otro aspecto planteado en el debate es el costo de mantener y proteger un área natural.
La conservación requiere recursos para tareas como seguridad, limpieza, mantenimiento, iluminación, control ambiental y recuperación de sectores degradados.
En este punto, la discusión sobre turismo y ambiente no necesariamente debería plantearse como una oposición entre dos conceptos incompatibles.
El desafío consiste en determinar si es posible desarrollar actividades económicas que contribuyan al financiamiento y valorización del espacio sin comprometer sus características ambientales.
Estudiar antes de decidir
El debate sobre un hotel en la Isla del Puerto todavía se encuentra en una etapa preliminar. No existe un proyecto ejecutivo sobre el cual puedan evaluarse en forma definitiva su ubicación, dimensiones, infraestructura, inversión o impacto ambiental.
Por eso, la discusión plantea dos posiciones que deberán encontrar un punto de equilibrio: por un lado, la necesidad de preservar los sectores naturales de mayor valor; por otro, la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo turístico y económico para la ciudad.
La clave estará en determinar, con información técnica y jurídica, qué sectores pueden admitir determinadas actividades, cuáles deben permanecer protegidos y bajo qué condiciones podría desarrollarse una eventual inversión.
El debate, en definitiva, no debería resolverse entre un “sí” o un “no” anticipados, sino a partir de estudios concretos que permitan establecer qué es ambientalmente sustentable, jurídicamente posible y socialmente conveniente para Concepción del Uruguay.
