El proyecto de reforma laboral pospuso hasta 2028 la eliminación de las asignaciones específicas que financian al INCAA, que pasarían a depender del presupuesto general, lo que, según productores y especialistas, pondría en riesgo la estabilidad financiera del organismo, la producción cinematográfica y miles de empleos del sector.
Los artículos 210 y 211 del texto original de la reforma proponían suprimir las fuentes que nutren el Fondo de Fomento Cinematográfico: el 10% de la venta de entradas de cine, el 10% de la comercialización de DVD y el 25% de lo recaudado por el Enacom (proveniente de un impuesto a radios, canales y TV paga). Antes de la primera votación en el Senado, el Gobierno decidió postergar la vigencia de esa eliminación hasta el 1° de enero de 2028, de aprobarse la ley.
El titular del INCAA, Carlos Pirovano, explicó que, con la reforma, los fondos del organismo «pasarían a nutrirse del presupuesto general» y dejarían de ser automáticos, quedando sujetos a la discusión anual del Congreso. La productora Vanessa Ragone (El secreto de sus ojos) advirtió que «si esos fondos se eliminan y pasan a depender del presupuesto general, el organismo perdería estabilidad financiera y quedaría sujeto a la decisión anual del Poder Ejecutivo». Esto atentaría contra la autonomía y previsibilidad actual, y provocaría «una fuerte caída de la producción de cine nacional, pérdida de empleo en toda la cadena audiovisual y un retroceso en el desarrollo federal de la actividad».
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la planta de trabajadores del INCAA se redujo de 730 a 300 personas, según Pirovano. En 2025, el gobierno intentó transferir la plataforma CINE.AR a una empresa estatal y luego subastarlas, pero finalmente dio marcha atrás y las dejó bajo la órbita del INCAA.
