A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el historiador Aldo Duzdevich analiza la estrategia de la dictadura para debilitar al movimiento obrero organizado, que consideraba una condición necesaria para imponer su modelo económico liberal. A través de la suspensión del derecho a huelga, la eliminación de los fueros sindicales, la intervención de la CGT y doce gremios clave, y una política de división interna, los militares buscaron desarticular el poder gremial, pero enfrentaron una resistencia que combinó fuerza y negociación, con una reafiliación masiva a los sindicatos y la organización clandestina que derivaría en las primeras huelgas generales.
La excusa y el verdadero objetivo
La excusa del golpe fue combatir a la guerrilla, pero su verdadero objetivo era imponer el modelo económico liberal. En un documento de la Junta Militar se expone: «Es necesario quitar a los sindicatos el poderío económico que proviene de la acumulación de riqueza, dado que, cuando este se agrega a la fuerza gremial, corrompe la función de sus dirigentes e instituye poderío político».
Primeras medidas
El mismo 24 de marzo se sancionan tres decretos-ley: suspensión del derecho a huelga, eliminación de los fueros sindicales y ley de residencia. Ese mismo día se interviene la CGT y doce de los principales gremios. No intervenir a todas las organizaciones era parte de una estrategia de dividir al movimiento obrero. Sobre las organizaciones no intervenidas pendía la espada de Damocles de no autorizarles la elección cuando vencían los mandatos.
La primera pulseada fuerte
El verdadero poder del movimiento obrero residía en las grandes organizaciones enroladas en la CGT y las 62 Organizaciones, alineadas con el peronismo. La primera pulseada fuerte con este sector se dio en el conflicto de SEGBA e ITALO con Luz y Fuerza, uno de los gremios con mayor poder sindical y económico. Terminó con el secuestro y desaparición de su líder, Oscar Smith, como respuesta a la duda planteada por el diario Buenos Aires Herald el 18 de octubre de 1976: «El resultado de la huelga de los trabajadores de Luz y Fuerza será el que decida quién está gobernando el país: las Fuerzas Armadas o los sindicatos peronistas».
Dos etapas en las luchas obreras
Los pocos historiadores que han escrito sobre este período coinciden en marcar dos etapas: la primera, de marzo de 1976 hasta abril de 1979; y la segunda, desde la primera huelga nacional del 27 de abril hasta el retorno a la democracia en 1983. Hasta 1979, el sindicalismo dio una lucha centrada en la defensa de sus conquistas sectoriales. Luego, a partir del nucleamiento de «los 25» y el Movimiento Sindical Peronista (MSP), se pasó a una acción de conjunto, con contenido e identificación política, retomando la tradición de las «62 Organizaciones».
Defensa de los intereses de sus afiliados
Existe un cliché común: pretender juzgar el papel de los sindicatos durante la dictadura en base a sus declaraciones de confrontación contra la Junta Militar y/o a sus denuncias del terrorismo de Estado. Duzdevich recuerda que partidos tradicionales de izquierda como el Partido Comunista apoyaron públicamente a los militares, y que el silencio respecto de las desapariciones llegó incluso a Montoneros, cuyo órgano de prensa *El Evita Montonera* solo mencionó algunos casos puntuales y recién en octubre de 1977 dedicó una breve nota a las Madres de Plaza de Mayo.
Los sindicatos tienen como prioridad defender los intereses de sus afiliados. En los primeros dos años de la dictadura, aun con intervenciones militares y represión, la primera actitud de la dirigencia sindical fue concentrarse en defender los intereses de sus afiliados, combinando fuerza con negociación. Estudios sobre los conflictos por establecimientos fabriles (90 conflictos en 1976 y 100 en 1977) concluyen que, en su gran mayoría, se trataba de disputas por salarios o condiciones de trabajo específicas de plantas o sectores, sin un planteo político antidictadura. Durante 1976 se produjeron conflictos significativos en IKA-Renault de Córdoba (marzo), General Motors en Barracas (abril), Mercedes Benz, Chrysler de Monte Chingolo y Avellaneda, y Di Carlo (mayo).
Dos caras del sindicalismo
Álvaro Abós, en Las organizaciones sindicales y el poder militar 1976-1983, entiende al conjunto del gremialismo como una totalidad, con contradicciones no antagónicas sino complementarias. Para Abós, «cualquier sindicalismo tiene dos caras, una contestataria y otra dialoguista». Se trataría de «dos ramas del mismo tronco. Una golpeaba y la otra ganaba los espacios que la confrontación dejaba vacíos».
Reafiliación masiva
En El sindicalismo argentino hace camino al andar, del padre Jacinto Luzzi (jesuita, director del Centro de Promoción Sindical del CIAS) y los dirigentes sindicales Víctor De Gennaro y Fernando Galmarini (1981), se dice: «Por el Decreto 385, de febrero del 77, el Gobierno busca debilitar las organizaciones de los trabajadores, privándolas de los aportes de los no afiliados y exigiendo la reafiliación para continuar en los sindicatos. Sin embargo, los trabajadores se reafilian masivamente. Más aún, en algunos sectores aumenta el porcentaje de afiliados. Esto demuestra claramente que la clase trabajadora legitima, no tanto a los dirigentes cuanto a los sindicatos mismos, como instrumentos válidos para la defensa de sus intereses».
El rol del padre Jacinto Luzzi
Luzzi pertenecía al grupo más cercano al entonces provincial de los jesuitas, Jorge Bergoglio, quien lo protegía y alentaba su tarea con el movimiento obrero. Roberto Digón, uno de los fundadores de «los 25», recuerda: «Fue Luzzi quien nos abrió las puertas de la iglesia de San Cayetano, donde en 1981 hicimos la primera movilización importante contra la dictadura». Durante la dictadura colaboró con la «Comisión de los 25», que declaró la primera huelga general en 1979. El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús, en el actual barrio de Las Cañitas, fue uno de los principales refugios de la resistencia sindical. Allí funcionó el Centro de Formación Sindical (CeProSin), que tuvo por objetivo formar a jóvenes dirigentes sindicales de los cuadros medios.
La CGT dividida en cinco grupos
Como parte de la estrategia de dividir al movimiento obrero, la dictadura armó cinco grupos por actividades, cada uno con un coordinador militar. Francisco «Pancho» Gaitán recordó en La Resistencia. El peronismo que yo he vivido: «Los dirigentes de los sindicatos intervenidos conformamos –al margen de aquella formalidad impuesta por la intervención dictatorial– un sexto grupo, que era el más numeroso. Estaban la UOM, Construcción, Luz y Fuerza, Prensa, Obreros Navales, UPCN, SMATA y otros. Participaban dirigentes de primera línea: Oscar Smith (Luz y Fuerza), ‘Ronco’ Guerrero (UOM Avellaneda), Tano D’Angelo (UOCRA), José Rodríguez (SMATA). Nos reuníamos en diferentes gremios. Nuestro nexo era Saúl Ubaldini».
De estos cinco grupos salió en mayo de 1976 la delegación obrera que viajó a la conferencia de la OIT (Antonio Baldassini, Rafael Valle, Ricardo Pérez, Ramón José Valle, Ramón Elorza, Juan Horvat, Hugo Barrionuevo y Demetrio Lorenzo). Un año después, la acción del grupo de los «25» impidió que se integrara la comitiva obrera para viajar a Ginebra.
El secuestro de Roberto Digón
Digón, secretario general del SUETRA (sindicato de trabajadores tabacaleros), fue secuestrado el 29 de septiembre de 1976. Recordó: «Después del 24 de marzo todos andábamos con miedo. El 29 de septiembre entraron a mi casa 20 tipos de la Policía Federal y del Primer Cuerpo del Ejército con pelucas y pasamontañas. Nos llevaron a la Comisaría 6ta de Sarandí. En las requisas te daban patadas y trompadas. Nos mojaban y nos daban con la picana eléctrica. El escándalo tomó tanta repercusión que a los cinco días dejaron de torturarnos y después nos largaron. Los secretarios generales de varios gremios que habían sido secuestrados no fueron encontrados nunca más. A mí me largaron y a partir de ahí empecé a tener mucha trascendencia».
Régimen de cuartel para los dirigentes gremiales
El diario La Opinión del 19 de mayo de 1977 tituló: «Orden de detención contra gremialistas cordobeses». La intervención militar del Ministerio de Trabajo informó que solo se autorizó una reunión para designar una comisión para entrevistarse con el ministro, y que los gremialistas se excedieron tratando temas no autorizados (aumento general de sueldos, normalización de la situación gremial, libertad de dirigentes detenidos, ratificación de la Ley de Asociaciones Profesionales). Fueron detenidos Munir Fatala (Comercio) y Jerónimo Suárez (madera). El coronel Amado dijo a Noticias Argentinas: «Yo no autorice que se discutiera ningún tema como los planteados en el documento elaborado por el plenario de gremios cordobeses».
Días después, La Opinión informó que el ex secretario general de la CGT de San Luis, Bartolomé Albarracín, fue detenido por «violar las normas de la ley 21.323, que reprime el ejercicio de actividades de proselitismo político y gremial», tras interrumpir un espectáculo folklórico para hacer manifestaciones de apoyo a Perón, Evita y el exgobernador Elías Adre, entonando la marcha partidaria.
