El Presidente de la Nación presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 83 páginas con 366 artículos y abrió una batalla por su constitucionalidad. El rol del Congreso y el llamado a sesiones extraordinarias. En Entre Ríos, hay nueva orgánica de ministerios y el peronismo convoca a elecciones partidarias.
Por Mariano Osuna
El miércoles pasado, Javier Milei realizó su primera cadena nacional y anunció el DNU 70/2023, publicado horas después en el Boletín Oficial, con un amplio repertorio de reformas estructurales. Fue el tercer paso público significativo del gobierno de La Libertad Avanza, luego de las disposiciones de políticas cambiarias, con una devaluación cercana al 120%, y del lanzamiento del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad. “Diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende política fiscal y monetaria, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor del mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central”, argumentó Javier Milei sobre el DNU. En su título inicial, el Decreto establece la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras elimina restricciones normativas vinculadas a la oferta de bienes y servicios. El segundo título deroga las leyes sobre promoción comercial, el observatorio de precios, las locaciones turísticas (contratos menores a tres meses), de góndolas, de mercados mayoristas, de supermercados, de abastecimiento, de Compre Argentino, de tarjetas de crédito, del Banco Nación Argentina y del papel de diario.
Reforma del Estado y reforma laboral
En el apartado sobre la reforma del Estado, se fija la supresión de las normativas relacionadas a las sociedades de economía mixta y del régimen de funcionamiento de empresas del Estado. En sintonía, habilita la transformación de las empresas del Estado, las asociaciones civiles y las organizaciones sin fines de lucro en sociedades anónimas, e impulsa reformas estructurales que permite la privatización del Banco Nación y que elimina la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Más adelante, en el título sobre trabajo, modifica las legislaciones de Contrato de Trabajo, de Registro Laboral, de trabajo agrario, de convenciones colectivas de trabajo, de asociaciones sindicales, de teletrabajo y de servicios esenciales. En paralelo, descarta artículos respecto al empleo no registrado, de falta de pago en término y despido sin causa, de indemnizaciones laborales, de evasión fiscal de empleo no registrado, de servicio doméstico y del régimen del viajante de comercio. En esta materia, atravesada por el derecho al trabajo, aparecen limitaciones sobre el derecho a huelga, indemnizaciones, convenciones colectivas y la participación sindical, mientras se amplían las facultades patronales para despidos, se extiende el período de prueba a 8 meses, se desregula la jornada laboral, se facilita la tercerización laboral, y se cambia la presunción de contrato en prestaciones de servicios y monotributos.
Tierra, producción y energía
En Comercio exterior e interior, el DNU de 83 páginas suprime la capacidad del Estado para la regulación de importaciones y exportaciones, fomenta la compra indiscriminada de tierras por inversores extranjeros y altera el código aduanero. Además, deroga las normativas que protegen industrias diversas como algodón, yerba, vino y azúcar, y elimina el sistema nacional de comercio minero. En materia energética, anula los plazos de los contratos de abastecimiento de combustibles, las obras del Plan Federal de Transporte Eléctrico, como sus tareas de construcción, operación y mantenimiento, y los beneficios promocionales a la energía distribuida. Allí también hay definiciones sobre la redeterminación de la estructura de subsidios vigentes para el acceso al consumo básico y esencial de la energía eléctrica y el gas natural.
Aerolíneas, alquileres y salud
En otro título del Decreto del gobierno de Milei, se derogan las leyes dedicadas a la política nacional aeronáutica y al transporte aerocomercial, y se cambian el código aeronáutico y la utilidad pública de Aerolíneas. Ello facilita su venta de acciones y desregula al sector con una supuesta libre competencia, sin audiencias públicas para la asignación de rutas. En materia de contrataciones, deroga la Ley de Alquileres, se habilitan las transacciones de este tipo en otras monedas, y se liberan las disposiciones sobre garantías y depósitos iniciales. En salud, se eliminan las normativas vigentes sobre los beneficios para la producción de laboratorios públicos, de hospitales y universidades, se descartan los topes a los aumentos de la prepagas, se desregula la actividad farmacéutica y se dispone la venta libre de medicamentos en otras góndolas.
El recorrido del DNU y las primeras reacciones
El artículo 99 de la Constitución Nacional habilita al Gobierno nacional el uso de estas herramientas por razones de necesidad y urgencia. Acto seguido, el jefe de gabinete remite el DNU al Congreso, que debe ser aprobado o rechazado, dentro de los diez días siguientes, por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Ese ámbito parlamentario, que no está constituido en la actualidad y no se reúne desde 2021, se encuentra conformado por ocho diputados y ocho senadores, respetando la proporción de las representaciones políticas. Para la convalidación del DNU, que en este caso no aclara su fecha de vigencia y necesita ocho días para su aplicación (29 de diciembre), se requiere el acompañamiento positivo de una de las cámaras, mientras que para su invalidez es menester el posicionamiento negativo de ambos recintos. En un escenario de especulación sobre su configuración, serían siete (seis u ocho) miembros de Unión de la Patria, dos de La Libertad Avanza, dos de la Unión Cívica Radical (UCR), dos del PRO, dos de Cambio Federal y uno de Unidad Federal.
En simultáneo, comenzaron distintas presentaciones judiciales contra el Decreto de 366 artículos, que se tramitan en dos juzgados separados. El primero de los amparos fue impulsado por Claudio Lozano, la CTA Autónoma, ATE nacional y otros organismos; en tanto que el segundo fue promovido por el letrado Andrés Gil Domínguez, fundamentado en la violación a la división de poderes y a los principios repúblicanos esenciales, que fue girada al juzgado federal N° 9, a cargo de Pablo Cayssials. Una tercera exposición fue activada por Bingo del Oeste, que recayó ante Esteban Furnari, del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, donde también se sitúa el primer amparo, que ayer admitió su tratamiento.
En paralelo, ese mismo miércoles se realizaron movilizaciones en diferentes puntos del país en conmemoración a los hechos trágicos del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde 39 personas fueron asesinadas durante la represión del final del gobierno de Fernando De la Rúa. Fue el primer ensayo del protocolo antipiquetes, con diversas maniobras de inteligencia en estaciones y transportes públicos, advertencia de sanciones a organizaciones participantes, y amenazas a quienes corten las calles. Posteriormente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, difundió un listado de 14 organizaciones sociales y avisó que el costo del operativo, presupuestado en 60 millones de pesos, deberá ser abonado por los manifestantes.
A la noche, tras la cadena nacional, en una fecha simbólica para la historia argentina, miles de personas se movilizaron con carteles y cacerolas en mano al Congreso de la Nación. Los reclamos también se escucharon en distintas zonas de Villa Urquiza, Almagro, Ushuaia, Chacarita, Palermo, Brown, Morón, Quilmes, San Isidro, Junín, Resistencia, Lanús, Echeverría, Bariloche, Avellaneda, Berazategui, La Plata y Mar del Plata. Los puntos de protestas se extendieron durante la jornada de jueves y viernes por Rosario, Paraná, Santa Fe, Concepción del Uruguay, Villa María, General Roca, Viedma y Posadas. También hubo puntos de convocatoria de los trabajadores del Banco Nación y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), como antesala de la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles 27 hacia Tribunales, especialmente contra la reforma laboral y con el ojo puesto en una fecha de paro general.
Contrapunto
“Coincido con gran parte de las primeras medidas que presentó ayer el presidente Javier Milei. En su mayoría son similares a las del programa económico de Juntos por el Cambio en la última campaña electoral. Representan un norte de hacia dónde tiene que ir nuestro país”, explicó el mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio. «La discusión y aprobación de éstas propuestas en el Congreso Nacional, le darían más fortaleza y sostenibilidad de cara al futuro y sería una muestra contundente para el mundo que Argentina empieza a dejar atrás decididamente las políticas que nos llevaron al fracaso», expresó en línea con otros gobernadores y legisladores radicales y del PRO, que se posicionaron a favor de las reformas pero que objetan la omisión del debate legislativo.
Su antecesor en Casa Gris, Gustavo Bordet, cuestionó que “el DNU del presidente pretende avasallar las atribuciones del Congreso con medidas que dañan profundamente a los trabajadores, a los jubilados, a la clase media, y a las pymes. Se trata de una norma que concede facultades para violar la Constitución Argentina”. Además, el actual Diputado nacional ironizó que “los valores de la República que muchos dicen defender hoy están en riesgo. El que crea que puede despreciar la Democracia, sufrirá el rechazo del pueblo. Nuestra fuerza política defenderá la institucionalidad a rajatabla. No se vulneran derechos en nombre de la libertad”.
Sesiones Extraordinarias
Este viernes, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias entre el 26 de diciembre y el 31 de enero de este año, con un temario que incluye once ejes programáticos: la reforma de las funciones del Estado, que acompaña el lineamiento principal del DNU; el establecimiento de la Boleta Única de Papel, que tuvo media sanción en Diputados a mediados de 2022; la Ley de Impuestos a Ingresos Personales, que busca la reversión de la rebaja de Ganancias, que paradójicamente fue respaldado por Javier Milei y Victoria Villarruel en el recinto; la autorización formal para que el nuevo Mandatario pueda ausentarse cuando existan razones de gobierno; los acuerdos comerciales con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía; otros tratados, convenios y pactos internacionales; y las consideraciones para acuerdos para designaciones, promociones y retiros.
Unanimidad y orgánica de ministerios
Como describió LA CALLE, el gobernador de Entre Ríos envió el proyecto que fija la nueva conformación de las carteras ministeriales, distribuidas en Gobierno y Trabajo; Seguridad y Justicia; Hacienda y Finanzas; Desarrollo Humano; Salud; Planeamiento, Infraestructura y Servicios; y Desarrollo Económico. El miércoles pasado, la Cámara Baja aprobó de manera unánime la iniciativa del oficialismo provincial, pese a algunos cuestionamientos opositores sobre el tiempo para su estudio y tratamiento. “Creemos que hubiera sido más enriquecedor poder girarlo a comisión para hacer los aportes necesarios que teníamos”, afirmó la jefa de la bancada justicialista, Laura Stratta.
Un día después fue el turno del Senado, que también sancionó por unanimidad el proyecto gubernamental que modifica la Ley de Ministerios Nº 10.093. “A partir de esta ley del Ministerio se podrá construir el organigrama como mapa de función en cada una de las áreas de la Administración Pública. Su fin es organizar los recursos del Estado en términos de objetivos y metas, evitando el mal uso de los mismos, la repitencia de tareas, la superposición de funciones y el entramado burocrático”, expresó el senador oficialista de Federación, Rubén Dal Molín.
“Requiere de la impronta de quien administra, del compromiso de su funcionario y de una clara idea de Gobierno. La nuestra es definida por la austeridad, eficiencia, descentralización y cercanía del representante político con la gente”, agregó. En la misma línea, el presidente del bloque, Gustavo Vergara, advirtió que estas “son leyes que se necesitan con urgencia” y que las siguientes normas contarán “con el mayor tiempo posible de análisis. Esto es una excepción que demuestra la voluntad política de ambos bloques de darle la herramienta al nuevo gobierno para que pueda funcionar”. Por otro lado, el jefe del bloque opositor, Martín Oliva, reprochó los discursos opositores. “Pareciera que estuvimos en un gobierno ausente y que no estuvo cerca de la gente. No estoy absolutamente de acuerdo con nada de eso”, aseveró. “El espíritu está en acompañar. Pero nosotros también necesitamos instrumentos”, precisó sobre el tratamiento contrarreloj.
Peronismo entrerriano para armar
Luego de las idas y vueltas sobre el cronograma para la renovación de autoridades del Partido Justicialista de Entre Ríos, el ex gobernador y actual titular (mandato vencido) del PJ provincial anunció en redes sociales el nuevo calendario electoral. “El PJ de Entre Ríos tendrá elecciones partidarias en marzo. Elevamos a la Justicia el cronograma para la realización de las elecciones partidarias, habilitando el principio de afiliación hasta principios de febrero”, destacó. “El 3 de febrero se cerrará el padrón de afiliados; el 17 será la fecha límite para la presentación de listas y las elecciones serán el domingo 10 de marzo”, añadió. “Con José Cáceres analizamos, en la sede del partido, detalles de esta convocatoria. Hay personas muy valiosas capaces de producir renovaciones en nuestra fuerza política de cara al futuro”, finalizó.
Luego de las fiestas navideñas y del nuevo año, se espera un verano crucial para el horizonte del DNU y del programa económico del Ejecutivo nacional. Allí también se pone en juego el armado de consensos legislativos, caracterizado por un oficialismo con minoría en ambas cámaras, para el desarrollo de sesiones extraordinarias. El peronismo discute sus liderazgos mientras se reorganiza desde la unidad. Por su parte, Frigerio avanza en la reestructuración de su gobierno y define el endeudamiento para el pago de sueldos de diciembre, posicionándose como un mandatario clave en la gobernabilidad del libertario. En la otra vereda, el justicialismo entrerriano va a elecciones, en la búsqueda de barajar y dar de nuevo.
Punto y seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, seguirá esos entramados y recorridos. Nos leemos, copa en mano, en 2024.
