Unicef también está en contra

Otra vez está en debate la edad de la imputabilidad de los menores (oh, casualidad en un año electoral). Se sabe que es un tema que “pega” y “engancha”. Nadie deja de conmoverse cuando observa en televisión repetirse cada media hora, el llanto del familiar de una víctima. Las votaciones virtuales arrojan números abrumadores a favor de la baja. Pero los especialistas, los que trabajan en instituciones relacionadas con la problemática de los menores, se han manifestado nuevamente en contra. En la edición de ayer, dábamos cuenta del pronunciamiento de la Iglesia argentina; contundente, recuerda que esta posición no es ahora y recuerda lo dicho por en 2005 por el entonces arzobispo de Buenos Aires, hoy el Papa Francisco. Pero también lo ha hecho Unicef, a través de la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de la institución, María Angeles Misuraca quien opinó que hay una necesidad de rediscutir el régimen penal de menores, pero bajar la edad de imputabilidad sería dar “un paso atrás”. Unicef admite rediscutir el régimen penal de menores -ley 22.278-, pero en contra de bajar la edad de imputabilidad, ya que sería dar “un paso atrás” en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales. Dijo que “la normativa vigente es incompatible con los derechos de los niños. Se trata de una ley elaborada durante la dictadura de corte tutorial, que es necesario modificar. Además consideró que cuando se establecen penas para jóvenes, puede primar en los jueces la creatividad necesaria como para que dicten “buenos fallos”, que piensen soluciones acordes y no recurran sólo a la privación de la libertad. Para Misuraca “el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención y alejada de la ley penal”. Cuestionó la normativa vigente del criterio discrecional a la hora de decidir la detención y privación de la libertad de un menor cuando comete un delito, y lo relaciona con el estado de pobreza, abandono o falta de asistencia al niño o adolescente y que “la privación de la libertad debe ser la excepción” y se debe fortalecer “las políticas públicas” porque “los derechos de estos jóvenes se han vulnerado previamente al no tener un sistema de protección presente con anterioridad a cometer el delito”. Según un relevamiento realizado con Unicef en 2015, hay 82 menores de 16 años privados de su libertad (el 6,3%), entre 16 y 17 años hay otros 789 (60,5%), es decir un total de 871 sumando ambas edades. El resto son jóvenes que hoy tienen más de 18 años, pero que cometieron sus infracciones siendo menores. La suma total de jóvenes privados de libertad es 1305.-

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