Representante de modelos al borde del juicio oral

Captaba a mujeres con fines de explotación sexual.

Lo acusan de formar parte de una organización de trata transnacional entre 2009 y 2014.

La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva y dejó al borde del juicio oral al representante de modelos Leandro Santos, acusado de formar parte entre 2009 y 2014 de una organización de trata transnacional que captaba a mujeres con fines de explotación sexual.
La decisión por mayoría de la Sala I ratificó el fallo de diciembre del año pasado del juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens también confirmaron un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Santos y el procesamiento de dos hermanos del principal imputado, Micaela Hebe Santos y Rodrigo Ernesto Santos, como así también de Luis César Zanardi.
Según el fallo de 75 páginas, la Sala I dispuso, además, la prohibición para salir del país de los cuatro imputados, quienes habían sido indagados a fines de noviembre de 2020.
El juez Llorens votó parcialmente en disidencia al considerar que había que modificar la calificación legal de la imputación, por la de autor del delito de «promoción y facilitación de la prostitución de un mayor de dieciocho años reiterado en cinco oportunidades y promoción de la prostitución agravado por haber sido cometido mediante engaño», que estipula una pena de entre 4 y 10 años.
Sin embargo, sus colegas Bruglia y Bertuzzi convalidaron el procesamiento de Casanello «por haber liderado o haber formado parte entre junio de 2009 y diciembre de 2014, de forma sostenida, una organización criminal trasnacional dedicada a captar, trasladar -tanto dentro del país como desde o hacia el exterior-, acoger y recibir mujeres mayores de edad -de nacionalidad argentina y uruguaya- con fines de explotación sexual», que establece una pena de 4 a 8 años de prisión.
«Tales conductas se habrían materializado tanto en el territorio nacional como en Uruguay, gracias a sus lazos con José Miguel Acosta, quien sería su socio en dicho país e integrante de la organización junto con Roberto Rodríguez Delgado -alias «Daniel»- (de nacionalidad uruguaya), y los nombrados. Como víctimas de tales hechos fueron identificadas al menos veinticuatro mujeres, todas ellas mayores de edad», sostuvo el magistrado.