Una opinión muy extendida dice que el Estado Nacional cuenta con gran cantidad de tierras en propiedad, abandonadas o subutilizadas, que constituyen una enorme reserva de la que se puede echar mano.
Por Sergio A. Rossi (*)
En tiempos de ajuste y deuda externa, esa argumentación alentó que se vendieran inmuebles bien ubicados, a precios muy acomodados y a gente muy conveniente. Se afirmó entonces que esas ventas de tierras ociosas permitirían pagar obras imprescindibles, reforzar las partidas presupuestarias de los organismos usuarios o, directamente, mejorar la situación del erario público y afrontar los compromisos externos. El argumento no era nuevo ni exclusivo de estas pampas. En 2002 Ciampi y Berlusconi fabulaban vender el Coliseo y la Fontana de Trevi para conjurar la crisis, paliar el déficit fiscal y afianzar a Italia en la eurozona. En Grecia, con motivaciones semejantes, se han vendido islas enteras.
En tiempos de expansión económica y desarrollo, en cambio, esas tierras supuestamente ociosas e inagotables suelen ser percibidas como reserva para la ampliación urbana, nuevas áreas residenciales, planes de colonización y grandes obras de infraestructura.
Tras las leyes de Emergencia y Reforma del Estado de 1989, la dotación de inmuebles del dominio privado del estado nacional ha disminuido. Más allá de cambios menores, quedaron agrupadas en tres grandes grupos, uno vinculado al uso ferroviario, otro al militar y un tercero más general. Este último fue el más reducido, por transferencias interestatales o ventas a particulares.
En los dos primeros casos se dio la circunstancia de que los organismos usuarios vieron fuertemente reducidos sus recursos y su importancia, y a la vez obtuvieron legislaciones particulares que permitían (prometían) convertir los inmuebles de que se desprendieran en un ingreso directo como Fuente 13 para sus propios presupuestos. En los dos casos trataron de conservar su dotación de inmuebles en medio de una demorada o insuficiente redefinición de objetivos, planificación y redeterminación de qué tierras eran necesarias y suficientes para su funcionamiento. Y durante casi 15 años –mientras conservaban sin plan y sin recursos suficientes aquellas tierras asignadas en uso en tiempos muy anteriores y en circunstancias muy diferentes– buena parte de esos ramales y estaciones ferroviarias, de estos cuarteles militares, de aquellas bases aéreas y navales, fueron siendo englobados por plantas urbanas que tuvieron, también y en general, más crecimiento que planificación (pública).
La creación de la AABE (decreto 1382/2012) buscó a un tiempo centralizar la gestión y agilizar la disponibilidad de tierras para programas de desarrollo, principalmente habitacional y en el marco de la iniciativa del plan Procrear. Los considerandos del decreto de creación tuvieron un correcto sentido contrario al afán privatista y de lucro de las leyes de 1989. El posterior Decreto 1416/2013 que buscó agilizar aún más la operatoria abrió una ventana de riesgo al orientar la desafectación según la prioridad de Procrear y al dejarla a la sola evaluación de la AABE. Sin planes integrales de gestión estatal sobre los inmuebles privados del Estado, una urgencia sectorizada impuso el ritmo y los resultados.
Y luego, con el advenimiento de Cambiemos y la ideología privatista, la herramienta administrativa se convirtió en filosa navaja dejada en manos de monos gorilas, que torcieron por vía de la práctica y de la interpretación reglamentaria aquellos objetivos de los considerandos iniciales. Abusando de la norma asistimos a cuatro años de festín privatizador, sin ningún criterio ni dimensión pública.
Algunas opiniones
1. Aún si se vendiesen todas las tierras asignadas en uso militar o ferroviario, el producido sería exiguo de cara a las inversiones que requieren nuestras Fuerzas Armadas y ferrocarriles.
Decir que se vende para modernizarlas es una falsedad, porque son diferentes el orden de magnitud de las ventas y el de las necesidades de equipamiento. Por otra parte, esos fondos por venta no resultan suplementarios de las partidas asignadas, sino alternativos. Aún en los casos en que el producido de la venta llegue a la ejecución presupuestaria del organismo que se desprende del uso, en la dinámica de la discusión y asignación interanual suele suceder que lo que se suma por fuente 13 se detrae de la 11 o de alguna otra. Si es falso que Fuerzas Armadas, Ferrocarriles, etc., se puedan modernizar vendiendo los inmuebles que usan, mucho más falso es que desprenderse de tierras estatales alcance para salvar las rentas generales o pagar la deuda externa.
2. Es un mal criterio desprenderse de inmuebles del Estado Nacional sin planificación adecuada y actualizada respecto de los objetivos y necesidades de sus diferentes organismos.
Ese mal criterio suele complementarse con otro déficit de planeamiento, ahora local, puesto que muchas de las decisiones de afectar bienes del Estado nacional parten de una necesidad sectorial, específica, acotada, no integrada a un plan de ordenamiento territorial integral.
De ese modo, la necesidad de cumplir con cierto equipamiento social, o contar con tierras urbanizadas o fácilmente urbanizables para construcción de viviendas, termina siendo el motor de una decisión que anula posibilidades no definidas todavía de planes más vastos y estratégicos.
Concurren a esto, por cierto, dos problemas: uno, décadas de indefinición sobre la reformulación de infraestructuras nacionales o necesidades militares, y desfinanciamiento asociado; otro, urgencias desde la gestión local o específica de resolver un determinado problema, muchas veces sin escala, sin financiamiento y sin plan adecuado. El resultado suele ser el ir recortando un gran inmueble de potencial estratégico, de a poquito, de a lonja, como Shylock en El Mercader de Venecia.
En determinado momento, el apuro, el mercado, la lógica del fragmento y del corto plazo, termina –sin que nos demos ni cuenta– anulando aquel potencial inicial y sin producir siquiera un impacto local de magnitud como para recualificar un gran sector urbano. Sin pena ni gloria.
3. Los inmuebles del dominio privado del Estado no son una reserva inagotable de tierras ni suficientes para las necesidades de nuestro desarrollo. Para satisfacer las necesidades nacionales y el bienestar de nuestro pueblo debemos partir, más que de la existencia y disponibilidad de tierra en propiedad del Estado, de la correcta planificación y de la declaración de utilidad pública de los inmuebles necesarios y suficientes para satisfacerlas.
La opinión publicada y el sentido común cultivado critican muchas veces “el avance del poder político” en su relación con el espacio público o la dación de tierras estatales para satisfacer demanda sociales postergadas. Rara vez se señala que avanza sobre la tierra estatal disponible debido a dificultades, falta de voluntad o voluntad en contrario de avanzar sobre la propiedad privada, “fuente de toda Razón y Justicia”.
4. “Un matrimonio, un terreno”, la propuesta del gobierno de San Luis, es un camino que se debe explorar, profundizar y extender. Era práctica general en tiempos de los incas. Es una manera de sustraer el acceso al suelo de la especulación inmobiliaria y financiera, y una herramienta que fortalecería el ordenamiento territorial, en la medida en que el Estado lo impulse, planifique y evite entregarlo al mercado sin controles.
5. Suele decirse, con la mejor intención, que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario porque tiene la obligación de compensar las desigualdades en el acceso a la tierra.
Tenemos que empezar a decir –volver a animarnos a decir– que más que compensar desigualdades hay que garantizar igualdad para el acceso a la tierra, bajo reglas de ocupación y de uso estrictas, vinculadas a la dimensión comunitaria y la preservación ambiental.
(*) Ingeniero agrimensor. Docente. Militante y dirigente político.