Hablando de transparencia

Falsos profetas de la transparencia, a uno y otro lado de la grieta, rehúyen transparentar la dinámica de la propiedad inmueble y de sus grandes propietarios. Se debe resaltar, estudiar y explicar el excelente trabajo desarrollado por el Registro Nacional de Tierras Rurales entre 2011 y 2015 que logró sistematizar un cúmulo de información clave que no existía hasta entonces o que estaba atomizada en los distintos ministerios, secretarias y reparticiones del Estado . No fue casual que uno de los primeros objetivos del gobierno de Cambiemos en 2016, haya sido suspenderlo y diluirlo, torciendo por vía reglamentaria la esencia de la ley. La tarea enorme que se llevó adelante en esos años –en el acotado universo de la tierra en manos de extranjeros– logró visibilizar y tener certeza sobre quiénes son dueños de qué inmuebles. Algo se sabía, pero no se tenía una cabal dimensión del asunto. En verdad, varios años antes, el periodista Daniel Enz con su libro Tierras SA, crónica de un país rematado se había anticipado, describiendo un panorama desolador: el 10% del territorio nacional estaba en manos extranjeras. Y ese porcentaje se duplicaba y hasta triplicaba en algunas provincias. Luego de una laboriosa y documentada investigación que le demandó tres años, Enz y Andrés Klipphan pusieron en evidencia a los nuevos terratenientes, entre los que abundaban sociedades anónimas y empresas constituidas en paraísos fiscales. También revelaron que el 40% de las tierras estaban en venta, y algunas de ellas eran las más fértiles y productivas del país. En ese sentido Tierras SA puso una luz de alarma sobre un fenómeno del que poco se hablaba por entonces, y que contribuyó para que en 2011 se sancionara la Ley 26.737, Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. De ese texto surgió el Consejo Interministerial de Tierras Rurales que ha acopiado y sistematizado toda esa información. Se mostró así un camino eficaz y eficiente para ejercer un control razonable sobre la apropiación, concentración y sobreexplotación de los recursos naturales del país. En el mismo sentido es correcta la idea de impulsar un observatorio de la gran propiedad inmueble, rural y urbana.