Exhuman restos en el cementerio municipal para cotejo de ADN

El fiscal Pablo Fernando Parenti, de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante),

La Calle presenció aparte de los trabajos que se llevaron adelante.

Por: Matías Dalmazzo

Miembros de los cuerpos forenses provincial y nacional, antropólogas, peritos y fiscales del Poder Judicial de la Nación realizaron este miércoles la exhumación de un cadáver en el cementerio municipal de Concepción del Uruguay, con la intención de sumar datos al Banco Nacional de Datos Genéticos y que estos ayuden en la búsqueda de niños o niñas desaparecidos o expropiados durante la última dictadura cívico-militar.

La actividad, custodiada por agentes de Prefectura Naval, se desarrolló desde muy temprano y contó con cierto hermetismo. Allí se tomaron muestras óseas de Elio Nardone, padre de Dina Nardone, que desapareció el 10 de noviembre de 1978 y se cree que podría haber estado embarazada.

Debido a la relevancia histórica de esta ordenanza judicial, la redacción de La Calle estuvo en el lugar y presenció algunos momentos de los trabajos que se realizaron a plena luz del día.

Pablo Fernando Parenti, fiscal a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación que se creó en 2012, dialogó con este medio y explicó: “La intención es investigar y tratar de esclarecer casos donde se busquen niños y niñas apropiadas que nacieron en cautiverio o que fueron secuestradas con sus padres o madres”.

“Entre las medidas que hacemos, junto con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Comisión de Derecho a la Identidad (CONADI) y Abuelas de Plaza de Mayo, es tratar de completar la información genética que existe en el Banco Nacional, que es donde se almacenan los perfiles genéticos de las familias que puedan tener algún niño o niña desaparecida durante la dictadura”, precisó el fiscal, que llegó desde Buenos Aires a “la histórica” para seguir de cerca la ordenanza juicial.

“Parte de la tarea de completar la información genética, es sumar familiares que no llegaron a dar una muestra de sangre en vida y entonces hay que recurrir a una exhumación para obtener el perfil genético; para de esta forma hacer la comparación necesaria que ayude en la búsqueda del nieto o nieta que falte”, agregó Parenti.

El representante del Ministerio Público Fiscal fue consultado sobre la habitualidad de este tipo de actividades en otras partes del país: “Forman parte de la tarea de los organismos que colaboran en la búsqueda: CONADI, Abuelas de Plaza de Mayo, Banco Genético de Datos y el equipo argentino de Antropología Forense. Esta última es una ONG que se creó en los primeros años de la democracia para encontrar los restos de los desaparecidos”.

“Son medidas ordenadas judicialmente. Hay que identificar el lugar donde están las sepulturas, hablar con los familiares y luego las tareas se llevan adelante mediante protocolos ya establecidos. Esta actividad no presenta mayores problemas, siempre que sepamos dónde están enterrados los familiares y que los cuerpos estén. A veces hay familiares que han sido cremados y en esos casos no se puede hacer nada”, indicó el fiscal que en todo momento siguió minuciosamente la actividad que se estaba desarrollando.

“Las muestran que se toman las analiza el laboratorio del Banco Nacional de Datos Genético, que saca el perfil de la persona y lo incorpora a su sistema de comparación genética. Con esa información, se comparan perfiles de los grupos familiares con los jóvenes que hoy tienen más de cuarenta años y dudan sobre su identidad o son citados por la justicia, para comunicarles que su identidad está siendo investigada”, finalizó Parenti.

Darío Barón

Otra persona que estuvo en el cementerio durante la mañana de ayer fue Dario Barón, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, quien también tomó contacto con este matutino y explicó la finalidad de las tareas realizadas: “El objetivo es extraer muestras genéticas de una persona, en el marco de una causa por una desaparición durante la dictadura. Esto se hace, debido a que familiares de personas desaparecidas, denunciaron que muchas mujeres estaban embarazadas al momento de desaparecer”.

“Lo relevante es que el Banco Nacional de Datos Genéticos trabaja con el índice de “Abuelidad”, que se confecciona con la información genética de los abuelos. En la eventualidad de que apareciera una persona sospechando de su identidad, que además se sometiera a los estudios necesarios, esa información luego se coteja con los datos que tiene el banco”, agregó Barón.

Ana Almeida

Por último, La Calle contactó a la directora del cementerio municipal, encargada de supervisar de principio a fin la labor que se desarrolló: “Comenzaron a trabajar en el cementerio a las 8:30 horas. Realizaron la exhumación de un cadáver para la extracción de muestra cadavérica, de la cual se pueda extraer el ADN del fallecido”.

“Está solicitud y planificación, se había realizado con días de anticipación, conviniendo el día y fecha con las autoridades locales, mantenimiento la reserva de este trabajo tan singular y sensible. Se cumplieron con todos los protocolos del caso: solicitaron la preservación de la tumba días antes y posterior al procedimiento por Orden Judicial de la Corte Suprema de la Nación”, contó Almeida.

“Todo estuvo preservado y custodiado por Prefectura Naval Argentina (PNA) y supervisado por el personal del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ) del Ministerio de Seguridad de la Nación. A nivel local estuvieron presentes testigos locales y las autoridades del Cementerio Municipal”, aseguró la funcionaria.

“La tarea se realizó en total armonía, con la colaboración que ya estaba preparada de antemano, sin mediar contratiempo y documentando en actas y relevamiento fotográfico cada paso realizado. La actividad finalizó a las 11 horas y se retiraron todas las personas intervinientes a su lugar de origen”, describió Almeida.

Por último, la encargada del cementerio destacó “la tarea, responsabilidad y reserva del personal de guardia del cementerio; quien realizó la exhumación y posterior tapado de la tumba, para dejar en las condiciones originales”.

La denuncia

Dina Ana María Nardone Irigoyen nació el 17 de abril de 1955 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Dina nació en el seno de una típica familia de clase media trabajadora. Su padre, Elio, era empleado del Banco Nación, su madre, profunda cristiana, era un ama de casa que criaba y era feliz con sus hijos a los que amaba profundamente.

Tuvo dos hermanos, Antonio, el mayor y Alfredo, más conocido como Pepito o Pepe el menor. Dina fue una niña alegre, vivaz, amante del deporte y muy cariñosa con sus hermanos.

Sus primeros estudios los realizó en una escuela religiosa de Capital, en el Instituto “María Ana Mogas”, dirigido por Religiosas Terciarias Franciscanas.

Más tarde es alumna del Instituto Privado Mariano Moreno poco antes de instalarse en Concepción del Uruguay. Al finalizar el año 1964 su familia decidió trasladarse a la ciudad de Concepción del Uruguay.

Dina comenzó el año 1965 cursando en el turno mañana de la Escuela Normal Mixta Mariano Moreno y viviendo en la nueva casa de la calle San Martín de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Durante 1968 Dina comenzó a transitar su escuela media como alumna del entonces llamado Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza, más precisamente de la Sección Comercial Anexa del turno tarde.

En 1973 se radica en Buenos Aires para estudiar Medicina en la Universidad Nacional Buenos Aires (UBA).

Dina fue detenida – desaparecida el 10 de noviembre de 1978 en calle Juncal 1.264 –Pensión “El Centavo”- Retiro. Capital Federal. Buenos Aires.

Su compañero Francisco Natalio Mirabelli, quien fue secuestrado el día anterior, fue llevado junto a ella al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) de la ESMA. Estaba embarazada. Tenía 23 años.

Denuncia realizada en 1984.

CONADEP: 2.631